Los académicos se pasan el tiempo evaluando, su práctica profesional se desarrolla en buena medida juzgando el valor de las creaciones intelectuales de terceros: alumnos, compañeras y colegas de profesión. Evalúan cuando examinan a sus estudiantes o cuando revisan artículos de revistas, y son evaluados igualmente cuando solicitan proyectos, piden becas o tratan de promocionar. La evaluación es una práctica fundamental del mundo académico que, paradójicamente, está completamente infravalorada.
Desde hace años se prolonga una crítica intensa hacia la ANECA, uno de los mecanismos de evaluación académica que resulta relevante en los procesos de contratación y promoción en la universidad pública española. Esta se encuentra organizada en cuatro niveles laborales a tiempo completo: Profesor Ayudante Doctor, Profesora Contratada Doctora, Titular y Catedrática (en Catalunya y País Vasco tienen denominaciones diferentes). Quienes deseen postularse para alguna plaza deben obtener previamente la acreditación correspondiente que concede la ANECA.
Varias noticias durante las últimas dos semanas en El País (1, 2, 3 y 4) aquí han vuelto a convertir esa agencia en centro de atención y objeto de críticas diversas. La razón ha sido el rechazo a acreditar a varios investigadores e investigadoras con trayectorias excepcionales (ganadores competitivos proyectos del European Research Council). Investigadores que no tendrían problemas en lograr contratos senior en otras universidades europeas se encuentran sin embargo con trabas burocráticas para acreditar su valía en España. Sus problemas son los mismos que muchas otras investigadoras con currículos excepcionales (con o sin proyectos ERC) afrontan para acceder al sistema universitario español.
La ANECA es relevante porque es el primer filtro para ser contratado por una universidad pública, pero la controversia en torno a ella resulta poco productiva si no se contextualiza en un debate más amplio sobre el sistema de contratación del profesorado de las universidades públicas. Un sistema del que forma parte la ANECA pero cuyo elemento central son las comisiones de evaluación (tribunales de plazas) nombrados a instancias de los departamentos universitarios. Ese sistema que regula el acceso y contratación (así como la promoción) del profesorado a las universidades públicas españolas adolece de una (1) atrofia burocrática, (2) una incoherencia legal y (3) una relación endogámica; tres males con cualidades distintas y responsables diversos.
1. Atrofia burocrática. El procedimiento para obtener la acreditación de la ANECA es sencillo en su formulación pero extremadamente oneroso en su aplicación. Un investigador debe reunir certificados de toda su actividad profesional para obtener la acreditación: certificados de cursos impartidos, conferencias realizadas, participaciones en congresos… además de copias de toda su producción académica (libros, artículos, capítulos…). La tarea demanda un enorme esfuerzo y tiempo (varias semanas como mínimo) para localizar el ingente papel burocrático. Cuando uno solicita certificados de esto o aquello en el extranjero la situación produce entre extrañeza y perplejidad: lo que en otros lugares es una línea informativa en el currículo aquí requiere de un certificado oficial sellado y firmado. Una vez reunido el proceso de evaluación se demora durante meses. Esto significa que presentarse a una plaza en una universidad española requiere de una considerable previsión de tal forma que la mayor parte de investigadores extranjeros (o en el extranjero) están excluidos (en la práctica) de las convocatorias españolas, algo que ciertamente no ocurre en otros países.
2. Incoherencia legal. El acceso a buena parte de las universidades públicas españolas solo es posible a través del tramo inferior de la escala académica: Profesor Ayudante Doctor. Cuando se convocan concursos para plazas de categorías superiores (contratada doctora, catedrática o titular) corresponden a lo que suele describirse como procesos de ‘promoción’. Aunque cualquier investigadora puede competir en ellas, esas convocatorias públicas están diseñadas para que un profesor/a del propio departamento ascienda en la escala laboral. En cualquier otro contexto, convocatorias de ese tipo serían descritas como concursos amañados, pero en las universidades públicas son el resultado de las enormes deficiencias de un marco legislativo completamente obsoleto: no existen mecanismos destinados específicamente a evaluar y determinar la promoción interna del profesorado. En otros países existen criterios claros de promoción: el profesorado es evaluado en momentos puntuales de su carrera y promocionado (o no) según sus resultados. Por esta razón resulta urgente el diseño de una carrera científica donde los mecanismos de promoción y evaluación sean claros y transparentes, como han reclamado desde hace años la Federación de Jóvenes Investigadores (precarios.org). Una responsabilidad que el Estado central ha eludido desde hace décadas o solo ha abordado de manera inadecuada recientemente. Esa carrera académica y un marco legal adecuado debería permitir (1) la existencia de procesos de promoción diferenciados de los procesos de nueva contratación, lo cual (2) abriría (financiación mediante) la posibilidad de contrataciones en categorías superiores de la escala, algo necesario para la atracción de científicos senior a la universidad española.
3. Relación endogámica. Ciertamente la ANECA es un sistema de evaluación con muchos problemas, pero es uno de los pocos mecanismos que ayudan a combatir uno de los grandes males de la universidad española: su endogamia. La universidad pública tiene en España una característica singular con respecto a buena parte del resto de Europa: el 73% de los docentes universitarios ejerce en la misma universidad pública donde hizo su tesis (Ministerio Educación, 2016). La contratación privilegia a quienes se han formado en el mismo departamento universitario frente a quienes llegan de fuera, tengan un proyecto ERC de dos millones de euros o un currículo académico excepcional. La endogamia es la característica principal de un sistema de contratación que penaliza la movilidad. A la hora de progresar en la carrera académica son más importantes las filiaciones que un académico tenga dentro del departamento que convoca la plaza que sus publicaciones. Así lo demostraba el estudio que publicaron hacen unos años Luis Sanz-Menéndez, Laura Cruz-Castro y Kenedy Alva ( 2013). Esto nos pone sobre la pista del que en realidad es ‘el’ elemento central del sistema de contratación del profesorado universitario: los departamentos universitarios, pues son estos (a través de sus comisiones de evaluación) quienes deciden las incorporación de nuevo profesorado. Sorprende por ello la escasa atención a este mecanismo del sistema que solo excepcionalmente es criticado. Sin embargo, el mecanismo central que hace que nuestra universidad permanezca cerrada sobre sí misma, sin abrirse al exterior mediante la movilidad del profesorado, es el departamento universitario. Las soluciones aquí son complejas y requieren de medidas legales, apoyos técnicos, mayores fuentes de financiación y, sin duda, un cambio en la cultura académica.
Como decía aquel: Las noticias son solo un pretexto para hablar de las cosas importantes. La discusión sobre la ANECA no debería centrarse únicamente en la supresión o la renovación de esta agencia sino que debería llevarnos a abrir un debate amplio sobre el sistema de contratación de las universidades españolas. Este debate debería comenzar por señalar los tres males que la acechan: el exceso de burocratización, la incoherencia de su legislación y la patología de su endogamia. Tres problemas que señalan a instituciones diferentes: la ANECA, el Estado central (a través del ministerio correspondiente) y el departamento universitario. Reformar la ANECA o suprimirla no va a solucionar las enormes carencias que presenta en sistema español de contratación del profesorado universitario, para ello son necesarias medias legales que definan con claridad una carrera científica, sistemas de evaluación transparentes y una cultura académica que reconozca el valor de la producción intelectual antes que las filiación departamental.